Oficial: La Fiscalía de España denuncia al Barça y los expresidentes, Bartomeu y Rosell


Según el escrito, se el acuerdo con Negreira fue para que “realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros”. El club no aportó ni informes ni vídeos a requerimiento de Hacienda.

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Ya es oficial. La Fiscalía ha denunciado el caso Enríquez Negreira ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El Ministerio Público, que estaba ultimando en los últimos días su escrito, lo ha formalizado este viernes y acusa como persona jurídica al club, y también a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por un delito continuado de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo. También se imputa a ambos expresidentes por un delito de administración desleal y, en el caso de Bartomeu, de un tercero por falsedad en documento mercantil. También son acusados dos exejecutivos del club, Albert Soler y Óscar Grau.

Según consta en la denuncia, el Barcelona, a través de los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu alcanzó un “acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira “a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones –en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales”.

Documentación ‘desaparecida’

En el texto figura que la empresa de Enríquez giró “facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.

Fue una inspección fiscal la que sacó a luz los pagos. Fue entonces cuando requirió al Barcelona “copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FCB fue que no se había encontrado la documentación requerida”. La Agencia Tributaria estimó que “no existía conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento y tampoco se individualizaba el servicio prestado ni relación directa con la actividad empresarial o profesional del Club”. La Inspección de los Tributos concluyó que “las facturas no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas” de Enríquez “ante la falta de una prueba que acreditara la realidad de la actividad desarrollada por aquellas”. La denuncia detalla todos los pagos efectuados por el Barcelona entre enero de 2014 y diciembre de 2015, que ascendieron a 1.286.530,19 euros. En el periodo anterior, entre 2011 y 2014, con Rosell en la presidencia, superaron los dos millones. Entre 2016 y 2018, Enríquez percibió 1.685.142,83 euros. La suma total de lo percibido por el denunciado en el periodo investigado en las diligencias ascendió a 2.971.673,01 euros. Todos los pagos se hicieron mediante transferencia bancaria a cuentas que se nutrían casi íntegramente por estos pagos. Desde 2001 a 2018, el Barça abonó a Enríquez 7,3 millones de euros, según la Fiscalía. “Ello supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del Club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara. En definitiva, dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno”, concluye.

En 2018, Bartomeu decidió poner fin al acuerdo tras la salida de Enríquez de la vicepresidencia del CTA y este le envió una carta en tono amenazador: “Personalmente no profeso animadversión hacia ninguna persona del Club, ni contra usted ni especialmente contra el Sr. R o el Sr. C, y no tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del Club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial. Tengo la razón y el derecho que amparan dicha reclamación. Tanto usted como el Sr. R, como Vicepresidente y Presidente y viceversa, por no citar a más, convinieron conmigo los acuerdos que hoy ustedes pretenden incumplir impunemente”.

El hijo de Enríquez

En la denuncia consta que el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez, fue contratado en el año 2016 por Josep Contreras, directivo del Barça que falleció en diciembre de 2022 “con el único objetivo de confeccionar semanalmente informes técnicos arbitrales para cada partido de Primera División del FCB y de Segunda División B, así como realizar un análisis posterior de cada partido valorando el acierto o error en la toma de decisiones arbitrales”. Bartomeu, Óscar Grau y Albert Soler, “únicas personas que conocían el entramado, evitaron a toda costa que JER fuera contratado directamente por el FCB para no relacionar el apellido E (Enríquez) con el Club”, señala el escrito.

La legislación prevé penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel por corrupción; y seis meses y tres años por la administración desleal que deberían afrontar los ex directivos sin son condenados. En el caso del Barça, el código penal establece que las entidades condenadas por corrupción entre particulares deben pagar una multa. Según informó La Vanguardia este viernes, el código penal establece, en casos extremos, el descenso de categoría e incluso la disolución de la entidad. Para acreditar corrupción, debería probarse que el club pagó de manera continuada a Negreira (de 2001 a 2018) con la intención de alterar la competición.

Otro asunto es el de la administración desleal. El Barça deberá justificar los 1,4 millones de euros que pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por unos supuestos informes arbitrales (también de jugadores según el comunicado que hizo público el Barça a raíz de las primeras informaciones sobre el caso). Esos pagos aumentaron a siete millones en el arco que va entre 2001 y 2018.

La Ley del Deporte y el reglamento de la FEF establecen que las infracciones graves (este sería el caso si se demostrase) prescriben a los tres años, por lo que, admitiendo que la investigación se centra entre los años 2016 y 2018, no habría consecuencias.

Otra cosa es el ámbito internacional. El reglamento de la UEFA establece que un club que quiera participar en sus competiciones no puede haber estado implicado en “ninguna actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido nacional o internacional”. Aunque la UEFA considera que no puede sancionar, sí puede decidir no invitar al Barça a sus competiciones. El caso Enríquez Negreira avanza peligrosamente para el Barça.

Diario AS

Hender “Vivo” González

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